La Economía Social tiene más presencia en zonas rurales y una mayor resiliencia a la destrucción de empleo
Así se desprende del estudio ‘Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en España 2023’, presentado por CEPES. Las 3.669 cooperativas agroalimentarias forman parte de la economía social y contribuyen a la sostenibilidad económica, social y medioambiental del territorio rural.
El estudio ‘Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en España 2023’, presentado por la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), confirma que la Economía Social es el modelo empresarial con mayor presencia en zonas rurales y ciudades intermedias y con mayor resiliencia en la destrucción de empleo.
Este estudio responde a tres preguntas: ¿Las empresas y entidades de la economía social tienen un comportamiento diferente al de las empresas mercantiles?; si es así, ¿en qué beneficios para el conjunto de la sociedad se traduce este comportamiento diferencial? y, por último, ¿cuál es el impacto en términos monetarios de esos beneficios?
Para responder a estas preguntas se han identificado de la Muestra Continua de Vidas Laborales, 10.291 entidades de Economía Social (4.751 de Economía Social de mercado) y 33.409 personas ocupadas (15.814 en la Economía Social de mercado) y se han comparado con un Grupo de Control de empresas y empleos mercantiles similar.
La Economía Social en España cuenta con más de 43.000 empresas, 2.5 millones de empleos y una facturación del 10% del PIB español. Este informe, ha sido cofinanciado por CEPES, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y el Grupo Cooperativo Cajamar y realizado por Abay Analistas a través de fuentes oficiales.
Peso decisivo en la cohesión territorial
El estudio confirma la mayor presencia relativa de la Economía Social en las zonas rurales y ciudades intermedias y su significativa contribución a la creación de actividad y empleo en ellas, a la competitividad de las economías locales y a la fijación de población en este ámbito.
La Economía Social se ubica mayoritariamente en municipios menores de 40.000 habitantes, especialmente la Economía Social de mercado, integrada, entre otras, por coopertivas agroalimentarias. En las empresas mercantiles estos porcentajes se invierten y tanto ellas como sus trabajadores/as se localizan mayoritariamente en las grandes ciudades.
La localización de la Economía Social por ámbito geográfico tiene importantes efectos sobre la economía rural ya que una parte significativa de la misma está vinculada a ella.
- Creación de actividad y empleo.
- La contribución de la Economía Social a las ciudades intermedias y zonas rurales se canaliza también a través del emprendimiento. De hecho, el 43,5% de las empresas más jóvenes de la Economía Social de mercado se han ubicado en zonas rurales o ciudades intermedias (35,8% en la economía total sin sector público).
- La distribución sectorial de las empresas de Economía Social muestra también una mayor dispersión por sectores, favoreciendo así la diversificación de la economía rural, aspecto de gran importancia en su competitividad.
- Mejora la competitividad de las economías rurales a través del desarrollo de determinadas ramas que permiten un mejor aprovechamiento de las potencialidades o acercan una oferta de servicios sociales y educativos que es vital para frenar la pérdida de población.
Gracias al mantenimiento de los principios de Economía Social, frente a un escenario alternativo donde pasasen a tomar sus decisiones de localización como lo hacen las empresas mercantiles, se mantienen cerca de 74.000 empleos en las zonas rurales y se previene que unas 192.000 personas se desplacen a zonas urbanas.
La Economía Social en el tejido productivo español
El informe destaca cómo durante el período 2017-2021, que estuvo marcado por el fuerte impacto negativo de la pandemia de la COVID-19 sobre la economía española y el inicio de la recuperación económica en el año 2021, el desempeño de la economía social fue más positivo que el de la economía total, sin incluir el sector público. Y es que, en términos de empleo, ganó peso relativo en casi todas las comunidades autónomas y en la mayoría de los sectores de actividad.
Este estudio recoge en su ‘Capítulo I’ un desarrollo del tejido productivo español, donde se revela que 6,3 de cada 100 organizaciones del sector privado de la economía española pertenecen a la Economía Social, un 0,3 más que los datos obtenidos en el estudio de 2019.
En cuanto al desarrollo de la Economía Social por comunidades autónomas, el estudio refleja diferencias muy significativas. Se destaca el alto desarrollo que tiene en Ceuta, Melilla, Castilla-La Mancha, Navarra, el País Vasco y Murcia. En cambio, el modelo todavía tiene niveles de empleo inferiores a los esperados, teniendo en cuenta su tamaño y el dinamismo económico, en la Comunidad de Madrid, las Islas Baleares y Canarias.
En relación con la presencia de la Economía Social en los diferentes sectores económicos, el estudio precisa que, si bien está presente en todos los sectores económicos, este modelo empresarial presenta un peso relevante en el sector de cuidados y otros servicios sociales (43%), en el sector de cultura y ocio (35,2%), de educación (26%), de agricultura (12,8%) y en el sector de energía y agua (10,9%).
En este sentido, cabe destacar que en nuestro país existen 3.669 cooperativas agroalimentarias que forman parte de la economía social y contribuyen a la sostenibilidad económica, social y medioambiental del territorio rural.
Contribución a un crecimiento inclusivo y a la reducción de las desigualdades
El comportamiento de las empresas y entidades de la Economía Social es diferente al comportamiento de las empresas mercantiles, y se traduce en un crecimiento económico más inclusivo, que proporciona una mayor estabilidad y que reduce significativamente las desigualdades. Además, son empresas con un fuerte compromiso con el territorio, lo cual provoca una importante contribución a la cohesión social y a la cohesión territorial.
Los efectos sobre la cohesión social que se reflejan en el estudio se centran en cuatro áreas: ocupación de colectivos con dificultades de acceso al empleo, la estabilidad en el empleo, la igualdad de oportunidades, y la oferta de servicios de cuidados, educación y gestión del agua.
En este sentido, el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, destaca la riqueza, que, en todos los sentidos, aporta este modelo empresarial al conjunto de la sociedad española: “Este estudio demuestra el gran peso de la Economía Social, tanto desde un punto de vista económico por su impacto en el empleo, como desde un punto de vista social por su contribución a la cohesión social y territorial, donde en muchas ocasiones es el único actor empresarial que existe”.
El impacto en términos de empleo
Con objeto de cuantificar el impacto de los principios diferenciales de la Economía Social se compara el escenario real con un escenario alternativo (e hipotético) en el que las empresas de la Economía Social “pierden sus principios” y pasan a comportarse como empresas mercantiles. La comparación de los datos reales de la Economía Social con los alternativos (correspondientes a las empresas mercantiles) puede cuantificarse, tanto en número de empleos, como en unidades monetarias.
En relación al valor monetario de la contribución de los principios de la Economía Social de mercado, el estudio revela que los valores de las empresas y entidades de Economía Social aportan a la sociedad 11.026 millones de euros anuales, casi 5.000 millones más que en el año 2019.
El escenario alternativo al real, un escenario en el que la Economía Social de mercado se comportase como la mercantil, quedaría definido por cambios en el empleo, de tal forma que podemos estimar el empleo que no se pierde gracias a que las entidades de Economía Social no se comportan como empresas mercantiles. Esta ganancia se concreta en términos de un empleo:
- Menos inclusivo. Más de 181.000 trabajadores pertenecientes a algún colectivo con dificultad de acceso a la ocupación perderían su empleo. Esta pérdida sería especialmente importante en el caso del empleo de personas con discapacidad, con baja cualificación o mayores de 55 años.
- Con menores niveles de estabilidad, aumentando el número de personas con una o más experiencias de desempleo. Al año, cerca de 222.587 trabajadores que han disfrutado de periodos continuos de empleo en la economía social de mercado pasarían a tener una o más experiencias de desempleo.
- Con menores salarios. Un grupo de en torno a 272.500 trabajadores, principalmente mujeres, mayores de 55 años y personas con discapacidad tendrían menores niveles salariales.
- Con menor igualdad de oportunidades en las empresas. Unas 232.982 mujeres verían incrementada su brecha salarial respecto a sus compañeros varones y se reduciría la diversidad en los puestos directivos y de alta cualificación. Asimismo, un número más reducido, pero importante en términos cualitativos, de trabajadores habitualmente infra representados sería expulsado de los puestos de dirección y alta cualificación.
- Con una menor y menos diversa oferta privada en servicios de cuidados y educativos. Se perderían en el sector privado cerca de 76.820 puestos de trabajo en servicios de cuidados y otros servicios sociales y 52.745 empleos en los servicios de educación, afectando tanto al nivel como a la diversidad en la oferta en estas actividades.
- Con menor presencia en zonas rurales. Se perderían cerca de 74.000 empleos en las zonas rurales y unas 192.000 personas podrían desplazarse a zonas urbanas. Esta destrucción de empleo muestra un sesgo hacia el empleo de mujeres y de personas con cualificación media y alta.
Los tipos de entidades que forman parte de la economía social son: cooperativas, mutualidades, fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en la Ley 5/2011 de Economía Social.
Puede acceder desde aquí al informe completo (pdf).
