Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha aborda con el Grupo Socialista la modificación de la legislación que regula el suministro de carburantes

En Castilla-La Mancha, en la actualidad, son 120 las cooperativas que distribuyen al por menor carburantes que, de exigirles la presencia de una persona durante el horario de atención al público, verían disminuida la capacidad de servicio a sus socios en amplias zonas donde no hay alternativas. Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha se reunió ayer 20 de marzo con el Grupo Socialista para abordar la problemática de las estaciones de servicio y el marco legal que las regula. Al encuentro asistieron, por parte de Cooperativas, su director, José Luis Rojas, y el subdirector, Juan Miguel del Real, y por parte del Grupo Socialista, las diputadas Ana Isabel Abengózar y María del Rosario García Saco. La legislación actual obliga a las estaciones llamadas “automáticas” a que exista una persona física responsable todo el tiempo en el que la estación esté abierta, según exige el Decreto 33/2005, haciendo inviable de hecho esta actividad. José Luis Rojas transmitió al Grupo Socialista la “preocupación real que existe en nuestro sector por este tema; actualmente son en la región 120 las cooperativas que tienen estaciones de servicio y, de éstas, prácticamente el 90% tienen el modelo de estaciones automáticas o desatendidas; un modelo que siempre ha prestado el servicio adecuado al consumidor y que nunca ha dado ningún problema, de hecho, es un servicio, el de suministro de carburantes, que en muchos municipios de Castilla-La Mancha sólo prestan las cooperativas”. “Exigir que haya una persona física en estas estaciones supondría un aumento en los costes y redundaría negativamente en el funcionamiento y en la actividad de la cooperativa”, matiza Juan Miguel Del Real, quien sostiene que la postura de Cooperativas Agro-alimentarias al respecto es “que convivan todos los modelos de negocio al mismo nivel: estaciones tradicionales, en régimen de autoservicio y automáticas, y que sea el propio consumidor el que decida cuál quiere utilizar”. Se da además la circunstancia de que estas estaciones sin personal tienen un coste del producto más barato, “con lo cual, de qué mejor manera se puede proteger al consumidor que ofreciéndole la misma calidad y un precio más bajo”. La normativa “debe modificarse” El Decreto 33/2005 contradice el libre ejercicio de esta actividad y, además, es contrario a la normativa estatal, que regula su desarrollo a través de distintas fórmulas. En concreto existe una línea marcada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con un informe publicado a mediados del pasado año, que deja claro que la normativa de consumo de las Comunidades Autónomas nunca debe invadir competencias de la normativa estatal, ni establecer requisitos adicionales que impidan el libre ejercicio de este modelo de negocio. Por tanto, Cooperativas Agro-alimentarias entiende que la normativa que limita esta actividad en Castilla-La Mancha “debe modificarse”. Es más, algunos pronunciamientos judiciales ya lo han corroborado, en concreto la sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que anula un Decreto autonómico que también pretendía establecer las limitaciones que existen en esta región, obligando a tener una persona. El Grupo Socialista escuchó las explicaciones y demandas de Cooperativas Agro-alimentarias y se ha comprometido a trabajar para que la legislación se modifique y las estaciones de servicio puedan seguir trabajando libremente, según los modelos establecidos y que sea el usuario quien decida.