El MAGRAMA autoriza 4.173 hectáreas de nuevas plantaciones de viñedo en 2016

Según publica el BOE del pasado 30 de enero, el Gobierno ha fijado en el 0,43% el porcentaje, a nivel nacional, de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2015, que se podrá conceder para autorizaciones para nuevas plantaciones en 2016, lo que equivale a 4.173 has. Cooperativas Agro-alimentarias de España propuso al Ministerio de Agricultura un máximo del 0,25% para evitar desequilibrios. El 1 de enero de 2016 entró en vigor el nuevo sistema de autorizaciones de viñedo que ha sustituido al régimen de derechos de plantación vigente en la UE durante tres décadas. Para este primer año de aplicación 2016, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAGRAMA) ha fijado que se podrán plantar 4.173 nuevas hectáreas de viñedo, es decir, el equivalente al 0,43% de la superficie nacional de viñedo en 2015, según recoge la orden publicada en el BOE del pasado 30 de enero. Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se fija para el año 2016 la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, y se establecen las DOP donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de plantación. A partir de ahora, el productor que quiera ampliar su explotación vitivinícola deberá contar con una autorización administrativa para poder hacerlo -la superficie ya que no será transferible entre particulares como ocurría con los derechos- y con una validez máxima de tres años desde el momento de su concesión. Así, el nuevo sistema de autorización limita la producción y garantiza un crecimiento ordenado de la superficie de viñedo en España. Inicialmente el MAGRAMA proponía fijar la superficie de nuevas plantaciones en un 0,6%, 5.752 hectáreas, el equivalente a la cifra que se venía transfiriendo entre particulares. Pero finalmente, el Ministerio ha optado por una cifra intermedia entre esta cantidad y otras planteadas desde el propio sector. Otros países productores de la Unión Europea, como Francia e Italia, han optado por aplicar el máximo porcentaje permitido por la legislación comunitaria, el 1% de su superficie. Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España propusimos un máximo del 0,25% de la superficie nacional, con el fin de evitar desequilibrios del mercado en el primer año de aplicación del nuevo sistema. La influencia del nuevo procedimiento en la autorización de plantaciones, hacía de esta campaña especialmente susceptible a los acostumbrados vaivenes de precios que sufre este sector, caracterizado por la elevada sensibilidad en base a pequeños cambios, previsiones o incluso rumores, no siempre justificados ni realistas. Cómo se autorizan nuevas plantaciones Para poder obtener una autorización para plantar, la normativa comunitaria establece ahora tres vías: por arranque de un viñedo; por reconversión de un derecho que tenga validez a 31 de diciembre de 2015; o bien a partir de un cupo que se pondrá a disposición anualmente y que será como máximo del 1% de la superficie plantada a 31 de julio del año anterior ("cláusula de salvaguarda"). Además, se pueden aplicar normas para la limitación de replantaciones o de nuevas plantaciones en DOPs e IGPs, y en otras zonas en función de las recomendaciones de las organizaciones profesionales. En base a esto último, hay que destacar que en 2016 hay cuatro Denominaciones de Origen vitivinícolas que han limitado su superficie. La Resolución recientemente aprobada recoge las recomendaciones recibidas desde los Consejos Reguladores de las DOPs Bizkaiko Txakolina/Txakoli de Bizkaia/Chacolí de Bizkaia, Navarra, Ribera del Duero y Rioja, mediante la cual este año el máximo de nuevas plantaciones será de: 3,92 has en la DOP Bizkaiko Txakolina/Txakoli de Bizkaia/Chacolí de Bizkaia; 56 has. en la DO Navarra; 314 has. en Ribera del Duero; y 387 has. en Rioja. El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Angel Villafranca, destaca que "entendemos que hay una nueva situación, pero también un volumen importante de potencial vitícola, es decir, de derechos que están en poder de los viticultores y que todavía no se han ejercido, por lo que nosotros somos partidarios de ser muy prudentes en este primer año de aplicación" a la hora de autorizar nuevos viñedos. "A nadie del sector nos gusta el nuevo sistema, porque con la eliminación del antiguo sistema de derechos los viticultores pierden parte de su patrimonio histórico", añade. "Los antiguos derechos podían comprarse y venderse, pero las nuevas autorizaciones no, lo que motiva el rechazo del agricultor". No obstante, Angel Villafranca reconoce que el nuevo régimen es "el menos malo" posible, ya que la Comisión Europea planteaba inicialmente una liberalización total, que podría haber generado fuertes desequilibrios, como ha ocurrido con el sector lácteo tras el fin de las cuotas. Sin embargo, entre los riesgos del nuevo sistema hay que destacar que habrá zonas que mantengan el equilibrio entre producción y comercialización, y precios rentables para agricultores y bodegas, pero otras pueden desequilibrarse. Según explica Angel Villafranca, el 1% teórico de incremento de plantaciones que un Estado puede autorizar como máximo cada año, calculado sobre la superficie total existente en España, se traduciría en 9.500 hectáreas de viñedo adicionales, "una extensión que quizás pueda ser asumible si se plantan proporcionalmente en las distintas zonas, pero que generaría problemas si se concentran más en una comarca o región". En el caso de que un agricultor tenga derechos históricos de plantación para los próximos años, deberá convertirlos en autorización administrativa; un trámite que realizará cuando haya decidido ejecutar la nueva plantación y siempre antes de la fecha de la caducidad del antiguo derecho. Si el viticultor decide arrancar la parcela para sustituirla por otro viñedo, tendrá que comunicarlo en tiempo y forma a la Administración y solicitar la autorización pertinente para plantar en esa misma parcela o en otra, siempre de la misma explotación. Pero, si el profesional quiere acometer nuevas plantaciones, se verá obligado a realizar la solicitud administrativa a su Comunidad Autónoma, con los límites que haya establecido el Estado y las prioridades que éste haya marcado -por ejemplo, la preferencia sobre los jóvenes agricultores-.